COLOMBIA: LAS FARC




FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP es un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista.

Las FARC operan en Colombia y en las regiones fronterizas de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de siete miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo hasta su fallecimiento en marzo de 2008. Desde entonces, su líder en jefe fue Guillermo León Sáenz alias Alfonso Cano hasta su fallecimiento el día 4 de noviembre de 2011.31 El 15 de noviembre la organización confirma por medio de un comunicado que su nuevo Comandante en jefe es Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko" o "Timoleón Jiménez".

Las FARC son consideradas una agrupación terrorista por diversos Estados (entre ellos Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos Canadá, y Nueva Zelanda), más la Unión Europea. Sin embargo, gobiernos de otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina no le aplican esta calificación. El gobierno de Ecuador le otorgó el reconocimiento de "grupo irregular", es decir, "que no son interlocutores válidos". El mandatario ecuatoriano también dijo que no les considera terroristas, ni beligerantes, simplemente "irregulares" y que el estatus de beligerancia solo será reconocido siempre y cuando dejen todos los actos que vayan en contra de los derechos humanos como los secuestros o los ataques con bombas, "atentados que se pueden considerar terroristas", según las propias palabras de Correa. Mientras que el gobierno venezolano de Hugo Chávez ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante y no las considera terroristas. Sin embargo en agosto de 2010, manifestó que las FARC no tienen futuro e igualmente les pidió liberar a los secuestrados.

Sus acciones consisten en narcotráfico,  guerra de guerrillas, así como técnicas terroristas como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales (cilindros de gas, animales bomba), y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles.

Para el año 2010, se estima que las FARC están presentes y ejercen su influencia en algunas zonas de 24 de los 32 departamentos de Colombia sobre todo al sur y oriente del país, concretamente en Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El gobierno de Colombia ha reportado la existencia de operaciones militares y campamentos en los países que tienen frontera con Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil.

Su número de efectivos varía según las fuentes, en 2001 se estimaban hasta en 16 000, pero luego de las derrotas sufridas posteriormente, el grupo se fue desintegrando. Sin embargo, pese al debilitamiento sufrido, producto de la muerte de sus principales cabecillas, las Fuerzas Militares de Colombia a través de su excomandante Edgar Cely comunicaron el 26 de diciembre de 2010 que las FARC cuentan con 18 000 integrantes; estimaron que 9000 de estos integrantes son combatientes armados y los otros 9000 son milicianos que cumplen trabajos de inteligencia y sirven de apoyo en labores de logística en pueblos y ciudades. Según un informe de Human Rights Watch, aproximadamente el 20-30% son menores de 18 años, muchos reclutados forzosamente.

1 Historia
1.1 Orígenes
1.2 Las Repúblicas Independientes
1.3 Período 1960-1979
1.4 Período 1980-1989
1.4.1 Conformación de la Unión Patriótica (UP)
1.5 Período 1990-1999
1.5.1 Fallido Proceso de Paz
1.6 Período 2000-Actualidad
1.7 Acuerdo Humanitario
2 Calificación
3 Financiación
4 Acciones
4.1 Atentados
4.2 Violaciones al Derecho Internacional Humanitario
4.3 Actos contra la libertad de expresión
4.4 Narcotráfico
4.5 Secuestros
5 Objetivos, campos de operaciones y reacciones
5.1 Objetivos
5.2 Campos de operaciones
5.2.1 Presencia de las FARC en otros países
5.3 El Paramilitarismo



HISTORIA

Las FARC es la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. Fundada después de la ofensiva que, "con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional", el ejército colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia", una de las comunidades autónomas creada por grupos armados comunistas radicales a finales de la época de la violencia que siguió al Bogotazo en 1948.

Orígenes

En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de violencia. Por medio de las amnistías, cerca de 5000 guerrilleros dejaron las armas. Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y Napalm provisto por el gobierno de los Estados Unidos.
Estas guerrillas comunistas y varios liberales radicales de los cuales hacía parte el fundador de las FARC Manuel Marulanda, alias "Tirofijo", se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una "zona liberada".

Luego crearon zonas similares en El Pato Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecen en las llamadas "zonas liberadas", por lo que surgió una administración civil además de la armada. Surgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva. Hecho por el cual fracasan el MOEC (Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria) y el Movimiento Vichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las "zonas liberadas".

Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar la violencia bipartidista y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en el contexto de la Guerra Fría, considera que debe poner fin a cualquier influencia comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.


Las Repúblicas Independientes

Las guerrillas comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. En la década del 1960 se articula el Plan LASO con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia (el mayor de los establecimientos de los comunistas). En 1964 se inicia la segunda ofensiva contra El Pato. Miles de soldados del gobierno (según fuentes militares participaron 1.600), consiguen entrar en las zonas.

Período 1960-1979

Durante sus primeros años de existencia, las FARC tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin.

En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva y el 30 de mayo de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC como brazo armado del partido comunista.


Período 1980-1989

Hasta la década de 1980, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; además de sufrir una escisión por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leongómez, antiguos comandantes de las FARC, formando aparte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente-Sur. Las FARC contaban entonces con entre 1000 y 3000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político «Jacobo Arenas», se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la «combinación de todas las formas de lucha», la lucha política y la armada.

A partir de ese momento las FARC se nombran «Ejército del Pueblo» (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes, con objetivo duplicar el número de integrantes y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa.

Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente durante los años 80 se termina aceptando porque en los campos se constituye en una actividad creciente. Se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación, mediante el llamado «gramaje»Paulatinamente fueron perdiendo su orientación política y se convirtieron en el primer cartel de tráfico de drogas del mundo, amparados bajo la figura de guerrilla.

El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del Estado Mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt («Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz», conocidos como los Acuerdos de la Uribe). Las FARC formaron la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político.

Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes, y la violencia política de sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda (entre ellos sectores de las FARC), incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y narcotraficantes.

A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes.

El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes, financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército colombiano, tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares (que, desde 1997, se unirían en torno a las AUC).

En septiembre de 1987, el EPL, las FARC y el ELN se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que sería el resultado del ingreso de los anteriores grupos armados a la ya existente Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur (el cual luego sería declarado enemigo de las FARC y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó) y el Movimiento Armado Quintín Lamé; buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió. El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.


Conformación de la Unión Patriótica (UP)

La Unión Patriótica fue el resultado de un proceso de negociación de paz entre el Gobierno y la coordinación guerrillera del frente Simon Bolivar.

Las FARC como uno de sus actores principales delegaba a varios líderes la función de hacer política y competir en comisiones electorales, sin embargo la unión patriótica fue un encuentro de movimientos sociales de todo el país por lo cual muchos personajes de la vida civil hicieron parte de la propuesta de este partido político, los cuales serían asesinados sistemáticamente por alianzas entre paramilitares y fuerzas del Estado, lo cual llevaría el rompimiento del proceso de paz y la separación de las FARC del experimento político de la UP.

Esto no significó el cese de asesinatos a líderes pertenecientes a este partido político en todo el país. Este movimiento, a pesar de las intenciones iniciales de incluirlo dentro de la estrategia de la «combinación de todas las formas de lucha», no fue exclusivamente un órgano de las FARC, pues contó con participaciones de otros movimientos civiles, sindicales y obreros con diferentes intenciones.

Varios dirigentes de la UP llegaron a estar en desacuerdo con el accionar armado de las FARC y pedían mantener la vía política como una respuesta a pesar de la nueva ola de violencia desatada, por lo que se criticó tanto al Gobierno como a las FARC por no hacer más intentos de controlar la situación.

A principios del siglo XXI, el Estado Colombiano fue acusado formalmente de "genocidio político" ante la corte interamericana de derechos humanos por la presunta participación en varios asesinatos a integrantes del movimiento UP.

Sin embargo, se tiene evidencia que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, narcotraficantes, ex militares y funcionarios públicos se encuentran involucrados en los asesinatos.

Contrario a lo que se especula sobre presuntos asesinatos por parte de la fuerza pública, la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que no se tiene evidencia alguna sobre la participación de estos miembros en dichos homicidios, luego de atender un caso sobre un ex dirigente de la UP asesinado en 1993: "Si bien no existe prueba de que en dicho crimen hubieran participado miembros de la Fuerza Pública, la responsabilidad de su muerte recae directamente en el Estado".

La UP como tal siguió insistiendo en seguir con la vía política, hasta prácticamente su exterminio auspiciado subrepticiamente por fuerzas de la derecha colombiana.

La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla.


Período 1990-1999

El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, desarrollo un ataque coordinado sobre el principal campamento de las FARC y de los pasados diálogos de paz, como inicio de un ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC, pero fracasó y obtuvo pocos resultados.

El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida porque las FARC no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada.

El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces, también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC).

La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas, fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos (EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado.

Durante ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.

El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala).

La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron sus actividades independientemente.

Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por un grupo de intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las consecuencias nefastas que ésta estaba dejando en el país.

A inicios de los años noventa, las FARC disponían de entre 7000 y 10 000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 a 1998 las FARC le propinaron al Ejército Colombiano una serie de golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento de Vaupés mostrando que habían cambiado la clásica guerra de guerrillas por la guerra de conquista y la guerra de movimientos. De esta última, resultaron un gran número de policías secuestrados.

Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros, que paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este país, las FARC tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su responsabilidad específica en dicha situación.

Fallido Proceso de Paz

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendida en 40 000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado.

En dicha zona, las FARC hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de efectuar violaciones permanentes a los Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, amparados por el proceso de paz del gobierno, se afirma que las FARC incrementaron la producción y tráfico de drogas, la compra de armamento ilegal y la presión sobre las autoridades locales.

El "proceso de paz" duró entre 1998 y 2002, pero, a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones, la inasistencia de los cabecillas a la mesa de diálogo con el famoso incidente de "la silla vacía" y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC.

Durante todo el proceso de paz, el Gobierno Colombiano y las FARC se acusaron mutuamente de impedir el normal desarrollo del proceso:

Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, dieron a conocer denuncias de pobladores de la zona acerca de la violación permanente de los Derechos Humanos, entre los que sobresale el reclutamiento de civiles por parte de las FARC (entre los cuales se incluían menores de edad desde los 10 o 12 años, acción prohibida internacionalmente).

El gobierno acusó a las FARC del uso de la zona de distensión (zona desmilitarizada) para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros, secuestrados y realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas entre las partes.

Al mismo tiempo las FARC, acusaron al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente.

El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían campos de entrenamiento armados instalados por las FARC en la zona, a pesar de que esta zona se consideraba como zona "desmilitarizada".

Además de acciones directas que realizaron las FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con las negociaciones

El tema de cultivo de coca direcionado al narcotráfico ha sido relacionado con el accionar de las FARC por el gobierno de los EE. UU.


Período 2000-Actualidad

EL 23 de febrero de 2002, tres días después de la terminación de la Zona de distensión por parte del gobierno Pastrana, se presentó el secuestro de la candidata presidencial Íngrid Betancourt cuando intentaba llegar por tierra a la población de San Vicente del Caguán. Varios funcionarios de la época señalaron la responsabilidad de la misma candidata al ignorar las advertencias de presencia guerrillera en la zona.

La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación del combate contra las FARC, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista.

Por su parte las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones de material logístico.

Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros en armas de las FARC solía estimarse en alrededor de 18 000 y, a inicios del 2005, según estas mismas cifras su número estaría entre 12 000 y 13 000. En 2008 el ejército estimaba que tendrían 8000 guerrilleros en sus filas. Las FARC no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20 000 hombres. Otras fuentes mencionan diferentes cifras.

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.

Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia» (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y después de ser reintegrados a la organización, Las FARC liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida). Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.

El 6 de mayo de 2003 las FARC asesinaron al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y a su asesor de paz Gilberto Echeverri a quienes secuestraron un año antes durante una marcha por la paz, engañándolos al hacerles creer que iban a hablar con ellos.

El 18 de junio de 2007 las FARC asesinaron a 11 diputados a quienes había secuestrado en 2002, argumentando supuestos ataques del ejército, lo cual no lograron demostrar.

El 1 de marzo del 2008 las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia, al morir Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes durante un bombardeo por parte de la Fuerza Pública de Colombia su campamento guerrillero ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana.

A su vez, esta incursión desencadena una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela.

El 7 de marzo de 2008 se anuncia que otro miembro del secretariado de las FARC: Iván Ríos fue asesinado por su guardia personal, quienes huyeron entregándose al gobierno colombiano.

El 26 de marzo de 2008, Manuel Marulanda, el fundador y jefe de las FARC también muere, por lo que en menos de un mes la cúpula de la organización es sacudida fuertemente.

Las negociaciones por el "acuerdo humanitario" prosiguieron en un relativo estancamiento hasta que el 1º de julio de 2008 las Fuerzas Armadas de Colombia realizaron un operativo de rescate de un importante grupo de secuestrados en poder de las FARC en las selvas del Guaviare. Este operativo, llamado "Operación Jaque" consistió en montar un sofisticado engaño durante varios meses, interceptando las limitadas comunicaciones entre los diferentes jefes de la guerrilla para hacerles creer a los custodios de los secuestrados que se preparaba una nueva liberación, probablemente auspiciada por el presidente venezolano Hugo Chávez y algunos emisarios europeos, entre ellos Jean Pierre Gondard, quien a la larga fue manipulado por el gobierno colombiano para concretar el engaño a la cúpula de la guerrilla. En esta operación fueron liberados la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt junto a tres contratistas norteamericanos y once soldados y policías colombianos que llevaban entre diez y seis años secuestrados. Por esta treta considerada un acto de traición, los altos mandos de las FARC consideran a César sospechoso de traición a la causa y objetivo de sus acciones, aunque éste junto a Gafas en la actualidad permanecen presos y no han sido incorporados al programa de reinserción ni al plan de Justicia y Paz del gobierno colombiano para acoger a los guerrilleros que abandonan voluntariamente a las Farc. Ellos niegan cualquier participación voluntaria en la operación Jaque y sostienen que fueron engañados por las autoridades colombianas alegando el aislamiento y los problemas de comunicación que tenían con el Secretariado, lo cual no les permitió verificar a plenitud la veracidad del supuesto traslado de cautivos con fines de una liberación acordada por sus jefes.

La operación Jaque se considera, junto con la operación Fénix 2 (la que dio de baja a Raúl Reyes), uno de los golpes más duros que el gobierno de Álvaro Uribe ha dado a las FARC en siete años.

Junto a Ingrid Betancourt también convivieron otros dos liberados: Alan Jara, actual gobernador del Meta y Clara Rojas. Alan Jara fue liberado el 3 de febrero de 2009. A las 2:12 p.m. arribó al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, donde se reencontró con su esposa y su hijo Alan Felipe. Agradeció a los miembros de "Colombianos por la Paz". Entre los comentarios que hizo, Jara mencionó que las "Farc no estaban derrotadas para nada", del trato de la guerrilla dijo "no hay maltratos, no hay grosería, no hay humillación" y que la solución al conflicto armado colombiano no solo es militar, también es "política" y que no ve una solución que no sea "la negociada".

Alan Jara aseguró que el presidente Álvaro Uribe le dio un manejo político al intercambio o acuerdo humanitario y dijo que "no había hecho nada por los secuestrados". El presidente Uribe se declaró dispuesto al acuerdo humanitario, pero declaró que siempre y cuando fuera un proceso serio de parte de las FARC y de que los guerrilleros eventualmente liberados no volvieran a la subversión, además de seguir insistiendo en el cerco humanitario o el rescate de los llamados "canjeables". Tiempo después de sus declaraciones hubieron amenazas contra Jara por parte del paramilitarismo, por apoyar a la guerrilla tras 8 años de secuestro.

El 22 de diciembre de 2009, un comando de las FARC asesinó al Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, secuestrado el día anterior en la localidad de Florencia. En mayo de 2010, también en Caquetá y coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales, las FARC lanzó un ataque en el que murieron nueve militares del ejército colombiano.

El 22 de septiembre de 2010 murió en el departamento del Meta el jefe militar de las FARC Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño, mejor conocido como El Mono Jojoy, en un bombardeo del ejército.

El 9 de abril de 2011 detuvieron al guerrillero Víctor Ramón Vargas Salazar en una operación desarrollada por el ejército y la armada de Colombia. Víctor Ramón Vargas Salazar buscaba apoyo de la banda terrorista española E.T.A. para asesinar en España a dos expresidentes colombianos.

El 4 de noviembre de 2011 fue abatido Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, sucesor de Manuel Marulanda "Tirofijo". El 26 de noviembre del mismo año la guerrilla asesinó a tres policías y a un militar que llevaban más de diez años secuestrados en la selva de Caquetá.

El 3 de febrero de 2012 una oleada de atentados en el suroeste de Colombia causaron al menos 19 muertos y un centenar de heridos en Tumaco, Villa Rica y otras localidades. Las explosiones fueron dirigidas contra cuarteles de policía aunque la mayoría de víctimas fueron civiles. El 18 de marzo otro ataque de las FARC causó la muerte de 11 militares del Ejército Nacional en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela.

El 21 de marzo de 2012 el Gobierno puso en marcha el plan de guerra 'Espada de honor', cuya primera operación tuvo lugar en Arauca dejando 33 guerrilleros muertos y un capturado pertenecientes al frente 10 de esa guerrilla.

En la madrugada del 28 de marzo intensos operativos denominados Operación Armagedón en Vista Hermosa Meta dejan 36 guerrilleros muertos y tres guerrilleros capturados pertenecientes al Bloque Oriental, dando un total de 73 guerrilleros dados de baja y capturados en una misma semana, siendo dos de los operativos más contundentes estratégica y logisticamente dados a dicha organización neutralizando a seis cabecillas de frentes guerrilleros, y siete segundos-cabecillas.


Acuerdo Humanitario

En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes.

Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.

Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.

Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.

El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».

Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.

El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.

Tanto «Iván Márquez», representante las FARC, como Uribe expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.

Posteriormente a la Operación Jaque el acuerdo cayó casi en el olvido de los medios y la opinión pública, aunque en el transcurso del 2009 las Farc han realizado una nueva liberación de secuestrados de manera unilateral el 30 de enero de 2009.

Más adelante, en abril las Farc anuncian la próxima liberación del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo y la entrega a Emperatriz de Guevera de los restos de su hijo, el secuestrado fallecido en cautiverio mayor Julián Ernesto Guevara. Hasta el momento las Farc exigen la intermediación de la congresista Piedad Córdoba como requisito para concretar su anuncio, sin recibir la aprobación del gobierno colombiano el cual alega que Córdoba recurre a la manipulación política para hacer carrera con las liberaciones de secuestrados.


Calificación

Además de Colombia, otros 31 países del mundo, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea así como los países de Chile, Perú, Estados Unidos, y Canadá consideran a las FARC como una organización terrorista. Los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Brasil no lo hacen, pues lo consideran un asunto interno de Colombia. A pesar de ello, Brasil les ha prohibido entrar en su territorio, su Ministro de Defensa, Nelson Jobim declaró que si las FARC entraban a su territorio serían "recibidas a bala" (literalmente).

El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC. Su presidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excluidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea. También ha dicho que las FARC tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela.

La inteligencia militar del ejército colombiano ha interceptado comunicaciones de las FARC en las que usan el sobrenombre de El amigo para referirse a Hugo Chávez. Además observadores internacionales han reiterado el supuesto apoyo económico, político y militar que el gobierno del Presidente Hugo Chávez podría haber hecho a las FARC.

A este respecto, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Unión Europea, por un lado retirar al grupo de la lista de grupos terroristas y por otro otorgarles el estatus de «grupo beligerante».

En cambio, el bloque de la Unión Europea por intermedio de su presidente José Manuel Durao Barroso, rechazó esta propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, al responder a una crítica del gobierno colombiano por no considerar a las FARC como una organización terrorista, ha afirmado que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional».

Amnistía Internacional también ha afirmado que el Comité internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazan la interpretación de que en Colombia no exista un conflicto armado sino que existe una guerra contra el terror.

Aún así, Amnistía Internacional ha condenado públicamente a las FARC por diferentes actos de terrorismo como el asesinato de civiles desarmados así como les ha pedido de manera directa terminar con los actos de violación de derechos humanos contra civiles, ataques a ambulancias de la Cruz Roja, secuestro de civiles, reclutamiento y tortura de menores entre otros.

Las partes en un conflicto armado interno tienen la obligación de respetar el DIH y este hecho no tiene ningún impacto sobre su estatuto jurídico. El CICR no tiene la competencia para reconocer el estatuto jurídico, o pronunciarse sobre el estatuto político de las partes en conflicto.


Financiación

La financiación para sus actividades tiene múltiples orígenes.

Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 19 millones de dólares estadounidenses. Las ganancias obtenidas del narcotráfico son el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtienen por este delito es por el «Impuesto al gramaje», el cual es pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes. Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo muy necesario para la economía de las FARC), causa daños irreparables en el medio ambiente.

En un informe de circulación restringida elaborado por el gobierno de Colombia se afirma que las FARC obtienen el 78% de sus recursos del narcotráfico, obteniendo más 1000 millones de dólares al año sólo por venta de droga. Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significan a las FARC más de 600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupa el tercer puesto entre sus métodos de financiamiento.


Acciones

Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.

Organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, entre otros, le han solicitado a las FARC que deje de usar armas no convencionales, pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de gas por las FARC muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de estos grupos armados".

Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por El Mono Jojoy de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dólares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.

Se ha denunciado que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario, con serias repercusiones contra la población civil.

Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo.

La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.

De acuerdo a investigaciones de Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.

El uso de armas no convencionales es bastante frecuente por parte de las FARC, dentro de los que se incluyen animales bomba, los cuales son cargados con explosivos y entrenados tanto para caminar hacia los objetivos, como abandonados para ser detonados al paso del objetivo, suelen utilizar distintos objetos para esconder importantes cantidades de material explosivo como balones de fútbol, cajas, botellas, bicicletas, canastas, cadáveres y en algunos casos incluso casas enteras que detonan al abrir una puerta o intentar ingresar en ellas.

Atentados

Atentado al edificio de Caracol Radio perpetrado por las FARC el 12 de agosto de 2010. En el ataque terrorista no hubo muertos pero dejó un saldo de 43 persona heridas.

Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades, ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que se encuentren alrededor.

Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba y según el Comandante de la Policía del Departamento de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba. El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.

En la Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, murieron entre 74 y 119 civiles a causa de un cilindro-bomba lanzado por las FARC contra una iglesia. Se trataba de ciudadanos del municipio de Bojayá, Chocó, que se habían refugiado en la iglesia en medio de un combate entre las FARC y paramilitares de las AUC.

Estos hechos fueron certificados por un informe de las Naciones Unidas.

El 14 de abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba contra la población civil de forma indiscriminada. Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando más de 30 heridos entre civiles y militares. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó "La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC en Toribío, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles".

En ninguno de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. Esto se debe en gran parte a que el ELN no ha cometido atentados terroristas desde hace mucho tiempo. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuidos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados.


Violaciones al Derecho Internacional Humanitario

Combatientes en las FARC.
Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, han reclamado a las FARC por violaciones al derecho internacional humanitario y al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Se incluye:

Reclutamiento de menores.
Actos de violencia sexual contra mujeres y niñas como violaciones y torturas.
Desapariciones forzadas.
Secuestro de civiles.
Trato inhumano a rehenes.
Desplazamiento forzado.
Abortos forzados.
Ejecuciones extrajudiciales.
Asesinato de rehenes.

Actos contra la libertad de expresión

Las FARC ha sido denunciada por sus actos contra la libertad de expresión por organizaciones como "Reporteros Sin Fronteras", quienes los acusan del secuestro de cerca de medio centenar de periodistas, así como de "hacer prácticamente imposible el trabajo de la prensa en las regiones que controlan"


Narcotráfico

Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante la década de 1980 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su actividad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los carteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.

Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.

La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación. Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cartel. Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico.

En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.

En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca.
Existen analistas que consideran a estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.


Secuestros

Íngrid Betancourt fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002. Sin embargo, el 2 de julio de 2008 es rescatada por el Ejército Nacional de Colombia junto a otros tres ciudadanos estadounidenses.

El secuestro es uno de los varios métodos utilizados por la guerrilla. A finales del mes de abril de 2012, el grupo secuestró al periodista francés Roméo Langlois, hecho que fue atribuido por el Frente 15 de las FARC. Una integrante de la agrupación afirmó: "Tenemos al periodista francés en nuestro poder".

Poco después, el secretariado de las FARC confirmó la retención alegando que se trataba de un prisionero de guerra. Sin embargo, tanto el gobierno de Colombia como Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas rechazaron de forma rotunda que el grupo guerrillero le concediera el estatus de "prisionero a reportero francés", debido a que no es un argumento "válido conforme al Derecho internacional humanitario". Por tal motivo, pidieron "liberarlo de inmediato" y sin ningún tipo de condiciones. De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa recordó que "los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales", tomando como referencia la Resolución 1738 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente el 30 de mayo el grupo guerrillero liberó al periodista Roméo Langlois en el departamento de Caquetá. Sin embargo, Langlois dijo que las FARC "metieron un gol" y que fue utilizado como un "muñeco" en referencia a que el secuestro fue una estrategia política: "hicieron política (...) son expertos en hacer dramaturgia fue un gol que metieron a costas mia". Con este nuevo hecho quedó demostrado que el grupo insurgente continúa con el método del secuestro, a pesar de que en algún momento decidieron poner fin por medio de un comunicado. Aunque la guerrilla dijo no al secuestro, varios periodistas y medios de comunicación afirmaron que el flagelo del secuestro aún seguía en Colombia. La organización llegó secuestrar a extranjeros de distintas nacionalidades y colombianos entre civiles y militares de todas las edades. Algunos de sus secuestrados, llegaron a cumplir más de 10 años en su poder. Uno de los casos más recordados a nivel mundial fue el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada en medio de su campaña preseidencial.

Según los relatos y pruebas recolectadas, cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero, con órdenes de asesinarlo en el caso de un intento de rescate militar; un ejemplo del cumplimiento de esa orden fue el fracasado intento de rescate del asesor de paz de Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía y del Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria que fueron asesinados como reacción al hostigamiento del ejército, según relataron sobrevivientes. También el caso del sargento del ejército José Libio Matínez, el coronel de la Policía Edgar Duarte, el mayor de la misma institución Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno; muertos por las FARC-EP ante una operación de rescate adelantada por las FFMM, situación que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos rechazó contundentemente y demonimó la acción de las FFMM como una operación de localización.

El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe. Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos. Posteriormente se demostró que los 11 secuestrados fueron asesinados por disparos de fusiles AK-47213 en cumplimiento de previas órdenes de ejecución en caso de un intento de liberación, órdenes de la cúpula de las FARC.


Objetivos

En comunicados a la opinión publica las FARC afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que es desestimado por el gobierno, ya que Colombia tiene el mayor número de víctimas de minas antipersonales. Además de que el grupo está involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y tráfico de armas y droga.

Campos de operaciones

Sus operaciones, intermitentes, abarcan parte del territorio Colombiano y se realizan de acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo. Las FARC también tienen presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como milicias o células) en varias ciudades colombianas, particularmente en zonas pobres o marginales.

En varias operaciones han utilizado medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.

Presencia de las FARC en otros países


Venezuela

En Venezuela las FARC son acusadas por el gobierno colombiano de tener campamentos sobre ese territorio. Según el gobierno, utilizan la zona como refugio de los ataques de la fuerza pública colombiana, para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC (de junio del 2000) Sin embargo, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan sólo una misión "humanitaria" del Ejército.

Según el periódico español El País también usarían a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC identificados sólo por sus nombres, afirmaba que hay campamentos de las FARC en ese país y que son permitidos por el gobierno del presidente Hugo Chávez. También cita fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países (sin especificar cuales). Muchos guerrilleros como Rodrigo Granda han adquirido ilegalmente ciudadanía venezolana.

Dentro de las pruebas que más resonancia han tenido sobre la presencia de las FARC, se cuentan fotografías satelitales y video de inteligencia, donde se aprecian estructuras similares a campamentos (con zonas de vivienda y entrenamiento militar) en el lado venezolano de la frontera con Colombia, que pertenecen presuntamente a la guerrilla de las FARC, en un principio el ministro venezolano Nicolás Maduro negó la existencia de estos campamentos, y rechazó la propuesta de visitar la zona junto con observadores internacionales para verificar las denuncias presentadas, finalmente con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en 2010, el tema pasó en parte al olvido en pro de mejorar las relaciones entre ambos países, lo que ha traído como resultado a la fecha que no se pueda probar con visita a la zona la presencia de los campamentos.

Desde 2008 se reportan extorsiones por parte de las FARC a ciudadanos venezolanos dentro de dicho territorio, a los cuales se les entrega su respectivo recibo de pago.

El 4 de febrero de 2010, el organismo de inteligencia estadounidense CIA y el FBI aseguraron en un informe que "Chávez apoya de manera encubierta a las FARC".

Ecuador

Hacia octubre de 2009 y según el gobierno colombiano, en la zona fronteriza de Ecuador y Colombia, las FARC mantienen por lo menos 12 campamentos de las Farc en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y que además cerca de 2 mil subversivos se refugiaban allí para evadir la ofensiva de las Fuerzas Militares de Colombia, algo que el gobierno Ecuatoriano ha negado rotundamente diciendo que tienen control total de su territorio fronterizo con Colombia y que si se llega a encontrar un campamento de fuerzas irregulares o regulares los considerara hostiles.

El jefe guerrillero Juvenal Ricardo Palmera alias Simón Trinidad fue capturado en ese territorio mientras circulaba con papeles de identificación falsos bajo el nombre de Cristo Rey Mariscal Peralta. Las FARC usan la frontera Colombo-Ecuatoriana también para el reabastecimiento de armas y el tráfico de droga, así como también para tratamientos médicos. Sin embargo en marzo 1 de 2008 fue dado de baja por parte del ejército colombiano en un bombardeo, el dirigente guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, en el territorio ecuatoriano de Santa Rosa de Yanamaru, junto con otros guerrilleros en un campamento que según información de medios ecuatorianos llevaba ya varios meses de construido al contar con estructuras bien elaboradas, ante este bombardeo Ecuador inició una lucha diplomática que algunos medios tildaron de "cortina de humo" ya que dejaba de lado la efectiva presencia del grupo en suelo ecuatoriano.

Tras la muerte del jefe de las FARC el 26 de marzo de 2008 Manuel Marulanda y la incautación de los Computadores de Raúl Reyes, alias el Mono Jojoy habló (mientras era filmado) a sus guerrilleros más cercanos informandoles sobre la situación y lo que implicaba dicha incautación; Jojoy les informó sobre la muerte de Marulanda, reveló que había donado dinero a la campaña presidencial de Rafael Correa, presidente de Ecuador y que mantenían acuerdos y comunicación a través de emisarios. El video fue luego incautado por las autoridades colombianas.

Perú

A finales de 2006, Robinson Rivadeneyra, Gobernador del departamento peruano fronterizo de Loreto, denunció la presencia y accionar de las FARC en el Perú. Ribadeneyra denunció que las FARC utilizaban Loreto para reclutamiento de jóvenes para la guerrilla, algo que fue posteriormente negado por Germán Galvis, General del Ejército Colombiano. Galvis admitió que las FARC cruzaban la frontera, pero negó que reclutasen gente en Perú.

Paraguay

En Paraguay, fueron detenidas seis personas acusadas del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas. Entre las seis personas detenidas se encontraba Osmar Martínez, de quien el presidente Nicanor Duarte acusó de haberse entrenado en Colombia en campos de las FARC, algo que fue puesto en duda por periodistas y analistas políticos paraguayos. Duarte también dio a entender que la guerrilla tenía presencia en ese país.238 Más tarde, en agosto de 2009, la Fiscalía General del Estado paraguayo anunció el hallazgo de evidencias suficientes que comprueban la relación entre las FARC y el Ejército del Pueblo Paraguayo.

México

En México, a principios de los 90, las FARC mantuvieron una oficina en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que luego fue cerrada a petición del Gobierno Colombiano. En 2003, el embajador Colombiano en México alertó al gobierno colombiano de la presencia de las FARC en ese territorio aduciendo que aún mantenían oficinas pero de forma clandestina, lo cual fue negado por la UNAM en un comunicado oficial.

Por otro lado, tanto la Procuraduría General de México como el Gobierno Colombiano han acusado a las FARC, con base en informaciones consistentes, de estar implicadas en el narcotráfico desde Colombia hasta territorio mexicano y de tener un "papel operacional directo" en éste.

Con la incursión de las FARC en el negocio de las drogas ilegales, carteles de México hicieron alianzas con la cúpula de las FARC para traficar droga hacia los Estado Unidos vía México.

El Paramilitarismo

Como reacción a las acciones del grupo insurgente, y amparados por un decreto gubernamental de los años 60, surgen a principios de los años 80 grupos de autodefensas paramilitares contrainsurgentes, financiados fundamentalmente por hacendados, multinacionales extranjeras, narcotraficantes y el mismo gobierno colombiano. También participaron algunos sectores de la sociedad civil y miembros de instituciones estatales. En algunos casos las FARC han negociado armamento y distribución de drogas ilegales conjuntamente con grupos paramilitares.

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